Frecuencias radiales para los indígenas

Ileana Almeida*

La declaración del Estado ecuatoriano como plurinacional significa una actualización estatal-jurídica basada en un análisis fidedigno de nuestra sociedad. El cambio constitucional implicó consideraciones de carácter teóricas e históricas porque el pasado de los pueblos indígenas es complejo y, como dice el conocido antropólogo Segundo Moreno, “cada uno de estos pueblos cuenta con distintos procesos históricos”. Sin embargo, los cambios introducidos en la Carta Política dan la posibilidad de responder a las circunstancias actuales de cada uno de ellos siempre y cuando se encuentren las direcciones y vías idóneas y practicables. Aún aun no se han desplegado todas las posibilidades de la plurinacionalidad. La exigencia de frecuencias radiofónicas que ha hecho la Conaie parte de una necesidad concreta: la de comunicar realidades, hechos, situaciones y posiciones de las comunidades y organizaciones que la integran, con el fin de configurar una contemporaneidad y un futuro que supere el marginamiento y las injusticias hasta ahora imperantes. Esta demanda de los dirigentes, en esencia, se opone de modo radical a cualquier tipo de “ley mordaza” para de la comunicación.

Decir que la Conaie ha entrado en negociaciones con el gobierno para obtener las frecuencias es confundir el carácter coyuntural del gobierno con la permanencia del Estado y el Derecho. Reclamar al Estado lo que se tiene derecho no significa apoyar  leyes atrapadas por el poder ejecutivo.  Si el gobierno ahora permite que los indígenas se incorporaren a instituciones estatales, simplemente es porque está reconociendo la legalidad que implica dejar atrás las desigualdades creadas en el pasado, y que en la actualidad nadie se anima a negar. Sin embargo, tales disposiciones no son suficientes, hay que admitir, siguiendo la dialéctica del proceso histórico, que los pueblos indígenas han dado un salto, se han convertido en sujetos de la política contemporánea mediante las organizaciones que ellos han creado. Por  lo tanto se debe reconocer el derecho a su autonomía del gobierno de turno y su deber de proponer orientaciones para normar el estado plurinacional.

Como se ha visto, las organizaciones indígenas (con sus méritos y desperfectos) son instituciones eficaces para esclarecer y apoyar formas, normas y relaciones sociales y políticas en el estado ecuatoriano de hoy.  Responden a los intereses de sus pueblos originarios y, al mismo  tiempo, a los objetivos legítimos de todos los ecuatorianos, asegurando el funcionamiento real de leyes que garantizan relaciones necesarias entre el Estado y sus ciudadanos.

*Filóloga