* Ileana Almeida
La conformación social de los pueblos indígenas es
heterogénea: hay agricultores, comerciantes,
obreros, intelectuales; entre los
selváticos hay cazadores y recolectores.
También están los que profesan diversas religiones; muchos se agrupan en
organizaciones, otros no. Todos tienen un denominador común: sus pueblos son el
resultado de un proceso de histórico no reconocido. Por eso, la agresión
política a un individuo es una agresión a toda su colectividad. El actual
gobierno no ha escatimado epítetos racistas para insultarlos. Se los encausa por
oponerse a leyes -como la de minería- que propician la destrucción del medio
ambiente. (Conviene saber que la extracción minera en Filipinas ha puesto al desnudo
el incumplimiento de compromisos de las transnacionales que han provocado grandes pérdidas en la agricultura,
han empobrecido a los campesinos). Aquí,
les han reprimido por protestar contra la ley de aguas. (Recuérdese que en Cajamarca
la explotación aurífera ha demandado un gasto desmedido de agua, lo que ha motivado
el levantamiento de toda la población para salvar las últimas vertientes).
Aquí, se han criminalizado sus protestas y se les ha procesado
por defender su derecho a la supervivencia -sin agua no hay vida- burlando preceptos constitucionales que los amparan. Se
ha intentado acallarlos con el uso de la fuerza: Macas y Otavalo, aquí se les negó
la participación en la cumbre de la Alba. Se han limitado las competencias
autonómicas en la Educación Bilingüe Intercultural y el Codenpe, que
representan sistemas de su pensamiento cultural. Se ha enviado misioneros a la Amazonia
para “civilizarlos”, ignorando que la esencia de las culturas originarias son
las leyes naturales, por lo que son los guardianes de la naturaleza. Se les ha
inculpado por los acontecimientos del 30-S, aduciendo que el antecedente para
la revuelta policial fue la defensa que hizo la Conaie de los recursos
hídricos. Se envía como embajadores a ciertos dirigentes para simular una disposición favorable hacia los
indígenas, pero en realidad para dividir sus organizaciones. La presencia del
presidente Correa en el juicio contra Mónica Chuji tuvo un objetivo: ejercer presión
sobre los jueces; una madrugada el mandatario apareció en Zamora para pelearse
con el prefecto provincial demostrando la ubicuidad que le distingue cuando de
perseguir a la dirigencia indígena se trata. La Conaie tuvo que acudir a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en demanda de medidas cautelares para los
Tagaeri y Taromenani, tras la licitación del campo petrolero Armadillo, situado
en territorio waorani.
* Ileana Almeida
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